En la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires hace unos meses que hay un insoportable olor a podrido. Ayer, Ana María Avalos renunció al organismo con una carta que se niega a ocultar y ser cómplice de los hechos. Ayuda a difundirla, por favor.
La Plata, 26 de abril del 2010.
Señora Sara Cobacho
S / D
No es necesario que me despidan porque, por supuesto, no me doy por aludida al vergonzoso y cobarde llamado telefónico de uno de sus empleados, el defensor del Isabelismo Miguel Unamuno -hijo- que ha usado para esta función, comunicándome el cese de mi actividad en esa Secretaría. En este momento presento mi renuncia indeclinable al cargo que he desempeñado hasta el 16 de abril del 2010.
Y coherente con la conducta que siempre he mantenido en la defensa de los Derechos Humanos deseo fundamentarla.
Retorné al país después de muchos años, y entendí que debía seguir aportando ahora desde aquí, a la lucha por la verdad y la justicia.
Imaginé que la Secretaría de DD.HH. de la Provincia de Buenos Aires iba ser un lugar desde donde poder hacerlo.
Que allí encontraría solidaridad con los que sufren no sólo las consecuencias de delitos de lesa humanidad, sino también de aquellas personas que a diario les son conculcados sus derechos, que en la concepción peronista de los derechos humanos, son el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a ser protegidos en situación de reclusión, a ser atendidos en situación de violencia familiar o social.
Supe que el trabajo sería arduo, pero me sentía con fuerza para hacerlo.
La misma que tuve siempre en la búsqueda de mi hija Verónica, secuestrada en Campo de Mayo en el año l980.
La misma que tuve para escribirle al General Nicolaides haciéndolo responsable del destino de mi hija y de sus compañeros. La misma fuerza que compartí en solidaridad con tantos compañeros y compañeras que hace más de treinta años que luchan por la verdad y la justicia en nuestro país.
Pensaba que cuando mis fuerzas flaquearan, sería contenida y comprendida como siempre había sucedido en otros ámbitos.
Después de meses de trabajo en la Secretaría, debo decir que por el contrario, me he visto rodeada de mentiras, de desinterés absoluto por la integridad de las personas a quienes deberíamos proteger, de falta de una política comprometida en la recuperación de la Verdad y la Justicia por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducirla.
Mienten con el robo de expedientes, cuando toda la Secretaría sabe que sólo fue una sustracción de dinero. Mienten a los trabajadores, mienten cuando deslizan que algunos empleados recibíamos dinero por debajo de la mesa. Cuando se está acostumbrado a estas prácticas, piensan que todo el mundo es de su misma condición.
Así, desde una gestión corrupta, intentan robarnos nuestro pasado, nuestra historia, hablando de nuestros familiares muertos y desaparecidos para lograr sucios objetivos dentro de la vida política.
Durante el tiempo trabajado en esa Secretaría realicé múltiples actividades. Durante el ciclo escolar 2009, junto a la Dirección de DD.HH. de Lanús realizamos un plan de actividades en escuelas secundarias de dicho partido, hablamos de Derechos Humanos y violencia. Llegamos prácticamente a todas las escuelas, turno mañana, tarde y noche, a más de 1500 chicos, contamos con todo el apoyo del cuerpo docente, directores e inspectores de la zona. El apoyo de la Secretaría fue ínfimo, falta de materiales, falta de autos para el traslado de promotores, etc.
Realicé también, junto a la Dirección la organización de varios eventos.
Luego, en diciembre realizamos una jornada con docentes y militantes sociales de dicho partido, para comenzar a organizar una campaña de Identidad, para darles DNI a 1600 chicos indocumentados y sin la posibilidad de poder cobrar la asignación familiar otorgada por la Presidenta. Como Fernando Cano, Subsecretario de la Secretaría no pudo capitalizar esta actividad para su campaña política, se negó a que la lleváramos a cabo.
Actualmente me encontraba trabajando en la campaña de fortalecimiento de los municipios. Cuando le planteé a Hernán Petrelli, coordinador de dicho proyecto, la necesidad de hacer una campaña con profesores de Lanús, me contestó que a la Secretaría no le interesaba, salvo que el intendente firmara el acuerdo y el Sr. Cano pudiera sacarse la foto con él.
Tampoco se me permitió participar del “Concosur”, iniciativa de distintas Secretarías de DD.HH., de la zona sur del gran Buenos Aires.
Así es que tenemos una herramienta como la Secretaría al servicio de la campaña política del Sr. Fernando Cano, un oscuro advenedizo sin idoneidad moral ni historia militante.
El día 15 de Abril realicé una jornada de DD.HH. en San Vicente, con compañeros de la Secretaría, docentes y autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de ese partido, entre ellas la Señora Secretaria Marcela Rodríguez.
Ignoraron las actividades realizadas y dieron de baja tres contratos al 31 de marzo. El de Isabel Eckerl, Santiago Lazzarini y el mío.
Evidentemente la suerte de nosotros tres ya estaba decidida. Fuimos reemplazados inmediatamente en la sede de la Secretaría en la calle 47. La respuesta de las más altas conducciones sindicales no estuvo a la altura de las circunstancias. Pasan los años y cada día se siente más la ausencia de Germán Abdala.
El pedido de renuncia a los dos compañeros directores, como el de los tres asesores y ahora el despido de tres compañeros trabajadores, han sido hechos a compañeros con una historia de política y militancia dentro de los organismos de DD.HH, compañeros que han estado presos y exiliados, compañeros que sufrieron persecución y desaparición de familiares muy cercanos. Daniel Cabezas, hijo de Thelma Jara secuestrada en la Esma, cuyo hermano Gustavo sigue desaparecido y él mismo que fue secuestrado y desaparecido en Campo de Mayo y luego reconocido y preso durante varios años en la cárcel. German Córdoba, reconocido abogado en la defensa de los DD.HH. Los tres asesores tienen una agrupación y trabajo político, social y en DDHH en el partido de Merlo. Isabel Eckert pasó muchos años presa, tiene a su compañero, suegros y cuñada desaparecidos, conociéndose este caso como el lamentable y dramático de la familia Baez, en Mar del Plata (su madre también fue secuestrada y luego liberada). Santiago Lazzarini, desaparecido y llevado al Olimpo y luego al Vesubio. En mi caso particular, mi familia y yo sufrimos largos años de persecución, exilio y la desaparición de nuestra hija Verónica Cabilla. Todos estos casos están debidamente documentados en la Conadep.
Por todo lo anteriormente dicho, denuncio que es esta una clara persecución política llevada adelante nada menos que por un organismo de DD.HH. de la provincia de Bs. As. Espero que autoridades competentes tomen cartas en esta penosa situación.
La responsabilizo a Usted, Señora Directora, Sara Cobacho, del triste destino de la Secretaría y le recuerdo que es esta una valiosa herramienta para el cumplimiento irrestricto de los DD.HH. La Secretaría del Estado no es propiedad particular de nadie, por lo que me cuesta entender tanto atropello.
La Secretaría es de nuestros 30.0000 compañeros desaparecidos.
Lamento el puesto que ocupa, cuando su accionar devela que su principal objetivo es la acumulación de poder y cuando coloca dentro de la gestión a personas que sin duda han estado en las antípodas de nuestra lucha.
El pañuelo blanco es un emblema de nuestros hijos desaparecidos, no nos da impunidad. Por el contrario nos obliga a ser mejores y más íntegros cada día.
No descansaré hasta ver en la Secretaría gente que nos pueda garantizar nuestra lucha en defensa de los DDHH y un lugar digno en la historia. Y que desde allí se haga realidad lo que fue el sueño de toda una generación, el de una Argentina más justa.
La responsabilizo de mi seguridad.
En nombre de mi historia, de mi familia, y de la memoria de mi hija, no quiero ser cómplice ni por acción ni por omisión de conductas que considero atentan contra los valores por los que siempre he luchado.
Ana María Avalos
DNI 93.969.041
Esta carta la publicaré en todos los medios y se las haré llegar a todos los organismos de DDHH, autoridades provinciales y nacionales.
